La provincia de Jujuy fue el escenario de una ola de protestas en contra de la nueva reforma en Argentina que modifica la Constitución provincial. Al menos 96 personas resultaron heridas en San Salvador.
La manifestación se realizó para rechazar la legislatura que condena el derecho a la protesta social y decreta el desalojo en las tierras sin títulos de propiedad. Situación que afecta directamente a la población indígena.
A raíz de la concentración, agentes de seguridad emplearon gases lacrimógenos y balas de goma en contra de los manifestantes. Muchos de ellos también se defendieron con piedras, lo que dejó un saldo total de 66 uniformados de la policía con heridas cortantes.
El Ministerio de Sanidad indicó que el Hospital Pablo Soria atendió en sus instalaciones a más de 30 afectados. Además, 47 personas fueron admitidas en el Hospital de San Roque. El resto de los heridos se distribuyeron entre la Guardia del Centro de Especialidades Norte, el Hospital Snopek de Alto Comedero, el hospital Gallardo de Palpalá y el Materno Infantil.
Las protestas se realizaron durante dos semanas en las inmediaciones de la Legislatura. La mayoría de los protestantes pertenecían a partidos y organizaciones de izquierda que rechazaron la reforma en Argentina. Además, medios de comunicación locales afirmaron que decenas de personas fueron detenidas. Sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) rechazó los actos de violencia e hizo un llamado a “respetar los estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en uno de los distritos con mayor población indígena autoreconocida”.
Reforma en Argentina
La nueva Constitución provincial desató el caos en Jujuy. Sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas expresaron su inconformidad por la nueva constitución, ya que afirman que no fue consultada con la ciudadanía.
Los manifestantes aseguran que la nueva reforma en Argentina “criminaliza el derecho a la protesta e ignora la voz de los pueblos indígenas de la región frente al uso de las tierras que habitan en una zona del país que es centro de explotación minera y de litio”.
La reforma fue promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El representante de la alianza de centroderecha tomó posesión de la Asamblea Constituyente en mayo. La reforma contó con 40 votos de 48. El restante correspondía a miembros de la izquierda que renunciaron a las bancas.
A mediados de junio se desató la polémica por dos artículos controversiales incluidos en la Norma. El primero de ellos modifica el derecho a la manifestación y prohíbe cortes de calles, rutas y “perturbación de la libre circulación de personas”.
El segundo relacionado con la propiedad privada, sostiene “mecanismos y vías rápidas de desalojo considerando una grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”. Dicho precepto deja en desventaja a 300 comunidades indígenas distribuidas en el altiplano, que no poseen títulos de propiedad de las tierras.
Morales responsabilizó a Fernández por las protestas
Las manifestaciones en la capital de la provincia reunieron a miles de argentinos. Esta fue considerada como una de las protestas más grandes del país en los últimos años. El gobernador de Jujuy Gerardo Morales acusó al presidente Alberto Fernández por la “extrema violencia” desencadenada en la ciudad de San Salvador.
Además, rechazó los enfrentamientos protagonizados por grupos de izquierda, que tomaron las calles y quemaron parte de la Legislatura. Morales aseguró que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la república son responsables de esos hechos.
