La Procuraduría General de la República (PGR), no ha informado a las directivas de las 19 entidades del sector privado ilegalizadas, cuál será el procedimiento a seguir para que, al término de su disolución, sus bienes y propiedades pasen a manos del Estado de Nicaragua, así como si podrán disponer de sus cuentas bancarias para liquidar al personal que trabajaba para ellos.
Cuatro fuentes asociadas a las cámaras canceladas dijeron a CONFIDENCIAL que, por lo que entienden, la Procuraduría todavía no sabe cómo proceder para confiscarles sus bienes, lo que incluye el dinero que tienen en los bancos.
El pasado lunes 6 de marzo, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, publicó en La Gaceta Diario Oficial, los acuerdos ministeriales número 26-2023 OFSL y 27-2023 OFSL, en los que canceló las personerías jurídicas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y 18 de sus cámaras.
Como resultado alrededor de 300 personas se fueron al desempleo inmediato, lo que incluye choferes, recepcionistas, contadores, conserjes, administradores, analistas y técnicos, quienes todavía no saben si les pagarán sus liquidaciones de ley, porque los directivos no tienen acceso a los fondos depositados los bancos.
Cinco días después, esos mismos directivos no saben tampoco qué va a pasar con las propiedades que las cámaras habían adquirido, lo que incluye edificios y terrenos; vehículos; mobiliario y equipo de oficina.
Ni la Procuraduría sabe
El gerente de una de las cámaras afectadas explicó que se trata de un proceso “muy lento”. “Por ejemplo, en nuestro caso no hemos sido contactados para nada por el Estado, pero estamos claros que, legalmente, la personería jurídica está cancelada, que tenemos que entrar en un proceso de liquidación, y entregar el patrimonio al Estado”, reconoció.
Una revisión del texto de la Ley 1115 y sus reformas y adiciones incluidas en la Ley 1127, le muestra que la legislación nicaragüense no dice nada al respecto, así que lo único que saben es que hay que entregar las propiedades a la Procuraduría, por lo que representantes de esta cámara pidieron formalmente a la PGR que les indiquen el procedimiento a seguir, y la respuesta fue que lo están preparando para darlo a conocer a todas las cámaras afectadas.
“A estas horas de la tarde del viernes, no hemos recibido nada. Estamos aguardando a que se presente el Estado para entregarles todo en orden, pero no se han presentado, ni nos han hecho ningún requerimiento. Nosotros estamos esperando que nos indiquen el procedimiento, para seguirlo”, reiteró.
La directiva de otra cámara dijo que a ellos tampoco les han dicho nada, acerca de qué deben hacer. “Fuimos a Gobernación, y ellos nos enviaron a la Procuraduría, donde nos dijeron que enviáramos una carta preguntando cómo debemos proceder, porque no tenemos idea de lo que tenemos que hacer, pero no nos han respondido”.
Una empleada de confianza de otra de las cámaras narró que la Procuraduría no ha indicado a los directivos cómo se hará el traspaso de bienes y el manejo de las cuentas bancarias. La única respuesta que obtuvieron fue: “Esperen a que los llamen”, aunque de manera extraoficial, se conoce que “ni la PGR tiene en este momento, un procedimiento para adjudicarse los bienes”.
Un exdirectivo de otra de las cámaras comentó que, “por el momento, lo que han dicho es que van a nombrar un procurador y avisarán sobre el proceso a seguir. Es todo lo que se sabe”.
Trabajadores siguen en zozobra
Mientras la Procuraduría define un mecanismo para confiscar los bienes, los trabajadores se mantienen a la espera de que sus empleadores puedan disponer del dinero que tienen en los bancos para pagarles sus salarios pendientes, así como la antigüedad, vacaciones y aguinaldo proporcional, al que tienen derecho por ley.
La empleada, citada antes, dijo que “los directivos siguen sin tener acceso a las cuentas bancarias, por lo que no pueden liquidarnos. No han podido sacar ni un peso”.
Consultado al respecto, el gerente indicó que “los bancos comunicaron a las gremiales que las cuentas estaban cerradas, pero creo que la disponibilidad del dinero depende de la política de cada banco. Nosotros esperamos poder disponer de nuestros fondos”, para cumplir el requisito que indica que “entrar en proceso de liquidación significa que tenés que pagar tus cuentas”.
Aunque la cámara que él administraba no tenía mucho personal, reconoce que no han podido pagarles sus prestaciones de ley, precisamente porque no pueden acceder a sus fondos.
“Si los directivos están en zozobra y con mucha preocupación, el personal está en la incertidumbre, lo que también afecta a sus familias, no solo por lo laboral, sino porque hay temor de que una posible represalia en contra de los empresarios agremiados los afecte a ellos, y que también se conviertan en víctimas de cualquier tipo de abuso de parte del Estado”, relató.
Finalmente, la directiva dijo que la cámara en la que ella estaba organizada también tiene las cuentas congeladas, aunque confía en que encontrarán una forma de pagar los pasivos laborales de sus empleados, siendo que “aunque no teníamos un montón de plata, ni de activos, tampoco teníamos mucho personal, y casi todos eran nuevos, así que no es mucho lo que se les debe”.
