La periodista Sofía Montenegro y la abogada Azáhalea Solís, quienes se exiliaron tras ser despojada de su nacionalidad, aseguran que permanecer en Nicaragua, durante los últimos cinco años, fue un acto de “resistencia” y “solidaridad” para apoyar, aún desde sus casas, a las familias de las víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Fue una decisión política quedarnos o hacer resistencia, y acompañar a familiares de presos políticos y, por supuesto, a las compañeras que estaban presas políticas, esa fue una decisión que tomamos conscientemente”, cuenta Solís.
Ambas sufrieron acoso policial hasta el último día. Por lo cual, el allanamiento que ocurrió el 17 de febrero pasado, en el complejo de apartamentos donde vivían, no fue una sorpresa. “Sabíamos que esa noche mínimamente después de leerse la sentencia, teníamos a la Policía encima, solo hubo tiempo de salir con el encapillado y dejar la casa puesta, se quedó con todo, todo el menaje de la casa intacta. Yo solo agarre mi bolso y mis papeles y nos fuimos, porque no podíamos esperar más”, explica Montenegro.
Solís recuerda el 13 de junio de 2021, cuando arrestaron a los opositores Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, todos miembros de miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), pasaron el día en vilo, esperando a que llegaran por ellas. El complejo de apartamentos donde habitaban estuvo rodeado de policías, por lo cual permanecieron vestidas y con los zapatos puestos, por si estos decidían entrar y llevárselas.
Era como estar en casa por cárcel
Las feministas confiesan que vivir en Nicaragua, en los últimos cinco años, fue “duro”. Aunque no fueron encarceladas, sí sufrían de acoso policial, que les impedía tener un ritmo de vida normal. No podían salir a ningún lado sin ser perseguidas, incluso, la persona que ocasionalmente les ayudaba con las labores domésticas era seguida.
“Para empezar había que tratar de no arañar las paredes para no enloquecer (…) Era imposible hacer absolutamente nada, mucho menos salir después de las cinco de la tarde, salir a caminar o hacer ejercicio en la calle porque podíamos ser secuestradas, entonces pasamos estos casi cinco años con la casa por cárcel literalmente”, relata Montenegro, quien a pesar de su situación seguía activa en redes sociales.
Dos días después que el régimen despojó de la nacionalidad a 94 nicaragüenses, incluidas Solís y Montenegro, la Procuraduría General de la República junto a la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) confiscaron los 16 apartamentos del complejo habitacional “Amazonia”, donde ambas vivían. Los oficiales de la DOEP allanaron su apartamento y luego se conoció que al resto de inquilinos se les dijo que debían pagar 500 dólares para seguir en sus viviendas.
“Según lo que me han contado, a la gente les dieron un tiempo para irse porque, parece, que se han negado a pagar el canon de arrendamiento, que ahora el Estado le quiere cobrar. Incluso, llamaron por tercera vez a la Procuraduría preguntándole cuánto estaban dispuestos a pagar y parece que la mayoría les dijo que ni un peso, así que tienen que desalojar”, indicó la periodista e investigadora.
Agrega que entre los afectados hay personas afines al régimen. Para ella, esta situación ha sido “una barbarie”, porque son ciudadanos que tenían entre 30 y 40 años de vivir allí.
“Podía haber entendido que me hubieran confiscado a mí, pero 16 apartamentos es una cosa realmente alucinante y encima pretender cobrar por algo que ya pagaron”, subraya.
Ruptura de Ortega con la Iglesia católica
Esta semana, el papa Francisco calificó como una “dictadura hitleriana” al Gobierno de Nicaragua, de cuyo máximo dirigente, Daniel Ortega, comentó —“con mucho respeto”— que padece “un desequilibrio”. La periodista Sofía Montenegro opina que estas declaraciones muestran una ruptura entre la Iglesia y el régimen de Daniel Ortega.
“El papa, me parece, le había dado bastante largas al asunto. Le habían expulsado el anuncio, ya esto es el colmo, no solo le han exiliado a la mitad de la Iglesia, no dejan salir ni las procesiones de Semana Santa y encima tienen “guardado” a un obispo en una de las cárceles más infames que hay en Nicaragua, yo creo que la ruptura con la Iglesia es total con esa declaración del Papa”, opina Montenegro.
Sin embargo, añade que a pesar de la postura del santo padre no cree que haya mayores cambios en la Iglesia en Nicaragua. “Lo que yo sí creo que va a pasar es que esto va a dar unas enormes alas a toda la Iglesia de Latinoamericana y en el mundo, que ya se habían venido pronunciando todas las conferencias episcopales de cada país. Si de largo parecía, de cerca ya no hay duda”.
CONFIDENCIAL reveló este domingo que Ortega ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia católica en el mundo. Horas después de conocerse la noticia, el régimen aseguró que “entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas”.
Víctimas tiene más recursos para denunciar
Respecto al informe publicado el Grupo de Expertos de ONU, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual confirma crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales contra los nicaragüenses, Solís considera que las víctimas ahora tienen más recursos para denunciar a nivel internacional.
“Este último informe viene a complementar, de una manera mucho más global, el informe que hubo en 2018 del GIEI; pero este está diciendo tenemos las pruebas. O sea, ese es el elemento vital. Ellos tienen resguardadas una serie de pruebas, porque mucha de la ciudadanía nicaragüense sabe quiénes fueron los autores de los crímenes que se hicieron, los autores materiales”, destaca.
“Todos estos hechos: los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, la tortura, los malos tratos y ahora el tema de desnacionalización y el destierro son delitos, prácticamente delitos de lesa humanidad, que los nicaragüenses que se sientan víctimas de esto pueden acudir con bastante facilidad ante la justicia universal”, afirma.
