En los próximos meses, se sancionarán nuevas leyes en Europa —las primeras de su tipo en el mundo— para hacer que las grandes tecnológicas asuman la responsabilidad que les toque ante las sociedades donde operan y hacen negocios. Ya todos hemos oído hablar de los peligros que plantean las grandes plataformas online para nuestra vida, nuestras democracias, la salud mental de nuestros hijos y la competencia económica. Ahora, la Unión Europea está tomando cartas en el asunto.
Con cada una de estas amenazas, entran en juego los mismos procesos básicos. Los algoritmos restringen las conversaciones a pequeños grupos de “amigos” determinados por los datos, mientras que los guardianes restringen los mercados online para beneficio propio. Estas restricciones conllevan el riesgo de que perdamos registro del mundo más amplio, y del mercado más amplio, que nos rodea.
Durante décadas, se permitió que las plataformas tecnológicas hicieran básicamente lo que quisieran, y había muy poca legislación que las limitara a medida que iban acaparando un control cada vez mayor de los canales de información del mundo. Pero eso empezó a cambiar hace unos años, cuando la UE lideró un esfuerzo global para restablecer cierto equilibrio en la economía digital, garantizando justicia y protecciones básicas para la población.
La privacidad era el primer motivo de preocupación. A medida que las plataformas principales impulsaban sus ingresos a cifras récord al recopilar datos de usuarios, era evidente que nuestra concepción de privacidad tenía que modernizarse. La privacidad, por ende, se convirtió en un derecho no negociable para todos en Europa. Como ciudadanos, nosotros -y solo nosotros- ahora fijamos los límites de lo que compartimos y dejamos de compartir sobre nuestra persona.
Esta concepción de la privacidad como un derecho fundamental se vio consagrada en el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 de la UE. Con el GDPR (por su sigla en inglés), Europa fijó un curso para que la democracia se pusiera a la altura de la tecnología. Hoy, no hay manera de regresar a como eran las cosas antes de la ley. La legislación histórica de la UE desde entonces ha inspirado marcos similares en otras jurisdicciones en todo el mundo.
Inmediatamente después de esta iniciativa inicial de privacidad de los datos tuvo lugar el escándalo de Cambridge Analytica, cuando nos enteramos de que Facebook había compartido 87 millones de perfiles de usuarios con un investigador que luego le entregó los datos a un consultor político que trabajaba en la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump. De pronto, todos empezamos a preguntarnos si nuestra vida digital estaba a salvo, y en qué medida nos estaban vigilando, influenciando y manipulando online.
Ladrillo a ladrillo, el muro de la seudo neutralidad detrás del cual se habían escondido las plataformas —con el argumento habitual de que eran simples “conductos” para transmitir información— se empezaba a desmantelar. Se estaba volviendo cada vez más evidente que las grandes tecnológicas tenían que asumir una responsabilidad por el contenido que ellas y sus algoritmos diseminan al cuerpo político. Respondimos al establecer esta responsabilidad, de manera clara y rotunda, en la Ley de Servicios Digitales, que se presentó por primera vez en diciembre de 2020.
La DSA (por su sigla en inglés) es la pieza central de la legislación de la UE que pronto regulará cómo se trata el contenido en las principales plataformas digitales. Exige que las plataformas retiren todo el contenido ilegal, garantizando al mismo tiempo que la libertad de expresión de sus usuarios se mantenga intacta. También aborda la manera en que las plataformas utilizan algoritmos para determinar lo que vemos y dejamos de ver. Actualmente, estamos en el proceso de designar qué plataformas y motores de búsqueda importantes serán objeto de estas estipulaciones de la DSA antes de que entren en vigencia este otoño (boreal).
La última cuestión importante de la que se ocupará la nueva legislación digital de la UE es la falta de una competencia saludable en el sector tecnológico. En los últimos años, los reguladores han llevado adelante causas importantes contra las grandes plataformas online, algunas de las cuales han hecho que aumente la conciencia pública respecto del poder de mercado indebido de las plataformas. Pero los mercados digitales se han vuelto más complejos y hemos necesitado nuevas herramientas sistémicas para suplementar los instrumentos antimonopolio tradicionales.
La Ley de Mercados Digitales se redactó para abordar esta necesidad. Enumera una lista de “cosas que hay que hacer y que no hay que hacer” destinada a impedir que las llamadas plataformas guardianes abusen de su posición en los mercados digitales, y a dejar cierto espacio para que los nuevos participantes compitan con los ya existentes en base al mérito. De la misma manera que la DSA articulará oficialmente las responsabilidades de las plataformas ante sus usuarios, la DMA (por su sigla en inglés) establecerá sus responsabilidades con otros participantes del mercado —muchas veces, más pequeños—. El resultado será un mercado tecnológico más vibrante, más innovador y más justo.
Sancionamos esta legislación en tiempo récord. En todo el proceso, nos aseguramos de que nuestro trabajo estuviera guiado por valores, no por la tecnología subyacente. Esto es importante porque, mientras que las tecnologías cambian todo el tiempo, los valores no.
Estamos orgullosos de que Europa se haya convertido en la cuna de la regulación tecnológica a nivel global. Ha sido gratificante ver que se redactaran leyes similares en países que comparten nuestros valores democráticos y humanísticos, y seguimos ansiosos por coordinar nuestros propios esfuerzos regulatorios y normativos con los demás. El Consejo de Comercio y Tecnología UE-EE. UU., creado en 2021, fue un ejemplo temprano de cómo se puede profundizar la cooperación internacional para garantizar que las tecnologías funcionen para todos. Ahora hemos formado alianzas similares con India, Japón, Singapur y Corea del Sur.
Para que la democracia prospere, tiene que abrir espacios donde la gente pueda hablar, disentir, contradecirse mutuamente y encontrar soluciones comunes. En el pasado, teníamos las plazas públicas, las cámaras electas, las universidades y los cafés. Cuando llegó Internet, trajo de la mano la promesa de expandir estos foros globalmente. Pero el ascenso de las grandes plataformas se interpuso en el camino, fragmentando nuestras conversaciones en una constelación de espacios opacos y amurallados, lo que plantea una amenaza para nuestra democracia.
Hoy, derribar esos muros es la tarea de los ciudadanos en todas partes.
*Margrethe Vestager es vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
**Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.
