El Ministerio de Gobernación (Migob) oficializó este martes la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Asociación Universidad del Pacífico (UNIP), instituciones a las que entre otras cosas acusa de no cumplir con los “elementos mínimos” en su oferta académica y de que varios de sus programas de maestrías no fueron autorizados por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Con la cancelación y confiscación de la UPAN, inscrita como Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) el 8 de junio de 2015, y la UPIN, que fue registrada el 12 de mayo de 2020, la lista de organismos cancelados por el Migob asciende a 3286 desde el año 2018, según una base de datos construida por CONFIDENCIAL.
En el caso de la UPAN, el Migob señala en el Acuerdo Ministerial N° 32-2023 que, luego de una evaluación realizada por el CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) el día 2 de marzo, concluyeron que dicha universidad “no cuenta con una oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben poseer los planes de estudios”.
Indican que la UPAN tampoco cuenta con autorización del CNU y el CNEA para ofrecer carreras en el exterior, por que valoran que esa casa de estudios ha “falseado información de la oferta de posgrados, maestrías y doctorados”. Además, enfatizan que “el CNU no ha autorizado la ejecución de 9 maestrías y 2 doctorados que no fueron reportados”.
Además, acusan a la UPAN de tener diseños curriculares de maestrías “desactualizados”, de que la oferta académica “no cuenta con autorización del CNU”, de “no tener una infraestructura adecuada”, de no proporcionar a las autoridades información sobre la matrícula y de haber emitido títulos de carreras no autorizadas por el CNU.
En esa misma línea, el Acuerdo Ministerial N° 33-2022 del Migob dice que, en evaluación realizada el día 2 de marzo a la UNIP por miembros del CNEA y el CNU, concluyeron que esa universidad “no logró el cumplimiento de los elementos mínimos en su oferta académica”, ni cumple con “los mínimos” relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional.
“UNIP no cuenta con autorización por parte del CNU y el CNEA para ofrecer carreras en el exterior, asimismo no cuenta con soportes tecnológicos para ofrecer servicios de educación virtual a distancia”, se lee en el acuerdo del Migob.
Agregan que la UNIP “ha obviado información relativa a la realización de actividades académicas y de titulación en el extranjero”, situación que, valoran, “atenta contra el sentido de integridad y rigor académico” que deben tener las instituciones de educación superior.
Estudiantes serán “reubicados”
En ambos decretos, el Migob asegura que dichas universidades “no reportaron sus estados financieros” del periodo fiscal 2022 con desgloses detallados de ingresos y egresos , “no promovieron políticas de transparencia” en la administración de los fondos de la universidad.
Esta situación supuestamente “obstaculizó el control y vigilancia” de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) del Migob.
Agregan que los directivos de la UPAN y UNIP deberán entregar “de forma expedita y ordenada” a la Dirección de Cumplimiento del CNU, la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudios, bases de datos de matrículas y calificaciones, para que los estudiantes sean reubicados en las universidades del CNU.
Mientras tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) realizará “el traspaso” de los bienes muebles e inmuebles de estas universidades “a nombre del Estado de Nicaragua”.
Otras universidades canceladas y confiscadas
La cancelación y confiscación de la UPAN y UNIP ocurre una semana después que el Migob hizo lo mismo con la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y la Universidad Juan Pablo II. Ambas universidades, supuestamente, no estaban acreditadas en los indicadores de calidad y no reportaban “sus estados financieros, aclaraciones sobre su patrimonio, ejecución de fondos, aumentos y disminución de cuentas sin avisar”.
La rectora de la UCAN, Jeannette Bonilla, se negó a entregar el registro académico de los estudiantes y solicitó más tiempo para impugnar la resolución del Migob, a través de la cual cancelaron la personería jurídica de la universidad. Pero, el CNU amenazó con denunciarla “ante las autoridades nacionales correspondientes” si no entrega la universidad.
“Ante la oposición de entrega de la información académica de la extinta UCAN, cerramos acta y nos retiramos del recinto, a fin de interponer denuncia ante las autoridades nacionales correspondientes por el incumplimiento de lo ordenado en el acuerdo ministerial”, indicó el CNU en un comunicado.
El Migob ha cancelado la personería jurídica de al menos 19 universidades privadas, que incluyen 13 nacionales y seis extranjeras. Entre estas destaca la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Universidad Paulo Freire, la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse). Tras el cierre de estas, el régimen creó tres nuevas universidades estatales que en la práctica operan como privadas.
La Universidad de la Integración de América Latina (Unival), que perdió su personería jurídica el 14 de diciembre de 2022 por orden del CNU, fue la única que interpuso un recurso de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Migob, el CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). Sin embargo, esta fue declarada inadmisible por “falta de legitimación procesal”.
