Una representación de los 222 presos políticos excarcelados hace un mes y expulsados por Daniel Ortega a Estados Unidos viajó este lunes a Ginebra para denunciar, ante varios embajadores y diplomáticos de Naciones Unidas, los ataques a los derechos humanos del régimen de Nicaragua.
Pese a que no tienen pasaporte porque Ortega les despojó de su nacionalidad, tres de los 222 presos pudieron viajar con un permiso especial que les otorgó el Gobierno de Estados Unidos, contó el que fuera precandidato presidencial Félix Maradiaga.
Él ha sido parte del grupo que ha viajado, junto con los también precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. Además, la presa política excarcelada en 2019 Yaritza Mairena y la defensoras de los derechos humanos Solange Centeno.
El pasado 9 de febrero por decisión unilateral, Ortega sacó de prisión a los 222 reos y los envió en un avión a Estados Unidos, retirándoles la nacionalidad.
A través de un comunicado enviado por la Fundación para la Libertad de Nicaragua, creada por Chamorro, la delegación de exprisioneros informó que en Ginebra se reunieron con embajadores y diplomáticos de delegaciones europeas acreditadas ante la oficina de Naciones Unidas.
Las reuniones se realizaron en la delegación de la Unión Europea, “en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y reuniones paralelas de otras organizaciones con sede en esa ciudad europea”.
La misión permanecerá hasta el próximo 18 de marzo y están previstas reuniones con varios organismos de derechos humanos y misiones oficiales.
Todo ello con el objetivo de abogar por la extensión del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), impulsar nuevas medidas diplomáticas contra el régimen de Ortega y presionar para la liberación de los 37 presos políticos que aún están detenidos.
Así, Mairena explicó las graves violaciones humanas cometidas contra campesinos y comunidades indígenas, mientras que Chamorro se pronunció sobre el deterioro institucional, la violación al debido proceso y las violaciones al proceso electoral nicaragüense.
Maradiaga, por su parte, llamó a la comunidad internacional a hacer “todo lo que legalmente esté a su alcance para lograr la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y de los otros presos políticos” que aún permanecen encarcelados en diversos penales de Nicaragua.
Organizaciones deben seguir presionando
En simultáneo, los miembros del GHREN plantearon —en un conversatorio con organizaciones de la sociedad civil— que los desafíos a la luz del informe sobre las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua, presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es que la comunidad internacional inicie causas penales contra el régimen nicaragüense.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, explicó que este informe es “una herramienta” que puede ser utilizada por la sociedad civil para establecer denuncias sobre causas concretas, lo que podría ser “más efectivo” que la denuncia por delitos de lesa humanidad que ya se ha interpuesto ante la justicia argentina.
En esa misma línea, la abogada del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, expresó que la ruta a seguir, a partir del 52° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es remitir el informe a los países que tienen ciudadanos con doble nacionalidad, entre ellas la nicaragüense, y que fueron victimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua, para que investiguen esos casos en sus sistemas judiciales.
