La Coalición Nicaragua Lucha, que agrupa 19 organizaciones de la sociedad civil, envió un “llamado urgente” a las relatorías especiales sobre defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que piden pronunciarse sobre la orden del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de declarar “apátridas” a 317 nicaragüenses.
“Solicitamos respetuosamente emitir un llamamiento urgente a las autoridades nicaragüenses con el fin de avanzar más detalles sobre la resolución judicial que privó de la nacionalidad a 94 ciudadanos, publicar un comunicado abierto ante la gravedad de los hechos expuestos y declarar que dicho acto constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos”, expresaron.
La misiva fue enviada al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, al Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión y al Grupo De Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, por el jurista Paulo Lugon Arante, en nombre de la Coalición Nicaragua Lucha.
En esta detallaron el contexto masivo de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Ortega que involucran al Poder Judicial, que esta semana despojó a 94 nicaragüenses de su nacionalidad. Estos se sumaron a un primer grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados y despatriados el pasado 9 de febrero, y al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encuentra en prisión tras ser condenado en un juicio exprés a 26 años y cuatro meses, por supuestos delitos de “conspiración”, “propagación de noticias falsas”, “obstrucción de funciones agravada” y “desacato a la autoridad”.
Los afectados por la decisión judicial son sacerdotes, defensores de los derechos humanos, exfuncionarios de la dictadura, opositores y periodistas, detallaron las organizaciones, que agregaron que “la principal consecuencia de que una persona pierda arbitrariamente su nacionalidad es el elevado riesgo de convertirse en apátrida”.
“Dado que la ciudadanía es el principal vínculo jurídico entre el individuo y el Estado, la pérdida arbitraria de la nacionalidad, y muy probablemente la apatridia, tiene graves consecuencias para el disfrute de todos los demás derechos universalmente reconocidos”, expusieron.
Contradice Derechos Internacional
La Coalición enfatizó que esta arbitrariedad contradice el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 9 de la Convención para Reducir los Casos de Apátridia. Además de la Convención para reducir los casos de apátridas de 1964 que fue ratificada por Nicaragua y en su artículo ocho establece: “un Estado contratante no privará a una persona de su nacionalidad si tal privación la convierte en apátrida”.
Además recordaron que, en casos de aplicar la pérdida o privación de la nacionalidad, se debe cumplir ciertas condiciones para ajustarse al derecho internacional, tal como lo señaló el Secretario General de Naciones Unidas en su informe de 2013 al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH).
“La pérdida de la nacionalidad debe garantizarse mediante garantías procesales estrictas, por escrito y susceptibles de revisión judicial o administrativa. Así pues, el Derecho internacional obliga a los Estados a ofrecer la oportunidad de una revisión significativa de las decisiones en materia de nacionalidad, incluso sobre cuestiones sustantivas”, explicaron.
Entre las 94 personas que fueron declaradas apátridas esta semana, hay nueve que son integrantes de la Colación Nicaragua Lucha, denunciaron. Este grupo se les declaró “prófugos de justicia”, se les inhabilitó para ejercer cargos públicos y se ordenó “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles”.
Entre las organizaciones que conforman la Coalición Nicaragua Lucha se encuentra Acción Penal, la Articulación de Movimientos Sociales, el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otros.
Este viernes, 17 de febrero de 2023, la Agencia de la ONU contra los Refugiados (ACNUR) señaló que la arbitraria privación de la nacionalidad nicaragüense, dictada por la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra más de 300 personas críticas con su régimen “viola las leyes internacionales”.
“Pedimos a Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales, garantice el derecho a la nacionalidad y tome medidas para evitar que haya personas apátridas”, afirmó ACNUR.
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